La corrupción política (II)

Como me comprometí, os traslado otro relato de mi libro sobre las corruptelas.

“La corrupción es un problema personal” (sic)

Esto es lo que hemos oído en esta pasada campaña electoral, proveniente, claro está, de algunos partidos que no tienen vergüenza y tratan de exculparse, en lugar de pedir perdón y cumplir con lo que la judicialización de cada caso disponga al respecto. Además, deberían devolver el importe íntegro de lo defraudado.

Para que exista una manzana podrida en un cesto y acabe contaminando a muchas más manzanas es necesario que quien cuida el cesto lo permita. Se retira la manzana podrida y punto.

No es posible tal grado de corrupción en un partido si el sistema no es corrupto, si no es habitual meter la mano en el cajón para financiar el propio partido. Entre tanta inmundicia es normal que algunos quieran aprovecharse y “llevárselo crudo” para su propio beneficio personal.

Para que se produzca la corrupción en cualquier administración debe existir connivencia entre los políticos y algún o alguna funcionaria con cargo de responsabilidad.

Algunos partidos solventan la falta de colaboración funcionarial interponiendo y nombrando cargos de confianza, que se responsabilizan del área correspondiente y hacen y deshacen a su antojo, mientras, los funcionarios responsables de la misma se abstienen de informar desfavorablemente, amparados en que ellos no tienen responsabilidad pues reciben órdenes superiores de esos cargos de confianza.

Los cargos de confianza. El coste añadido.

Estos cargos de confianza sustituyen a los políticos electos en la labor de control que deberían ejercer y suponen un alto sobrecoste a la administración pues se les asignan elevados sueldos dado el riesgo y el compromiso de su innecesaria función.

Se les supone una labor de asesoramiento, pero la realidad contradice tal suposición pues muchas veces se les contrata para funciones para las que no tienen capacidad laboral ni académica. En realidad es un puesto de trabajo bien remunerado que se crea para un militante del partido que gobierna y que pagamos todos los ciudadanos.

Por otra parte, la contratación de estos cargos de confianza supone la infrautilización del funcionario o funcionaria de carrera que debería ejercer ese trabajo y que cobra por ello.