Que
la twittera Casandra sufra una sentencia de un año, que no le
obliga a entrar en la cárcel, pero si le crea antecedentes y tiene
consecuencias directas para no poder ocupar cargo público y ejercer
la carrera docente que pretendía, es una enorme atrocidad. Chistes
como los suyos se han repetido muchos años atrás, hasta en TVE, sin
ninguna consecuencia.
Que
el Director General de Tráfico afirme que no sabe nada de la
vivienda que le estaban preparando, con tarima flotante y forrado de
armarios con materiales nobles, sabiendo que ha estado in situ en la
vivienda citada, viendo las obras y proponiendo las mejoras que
consideraba y no tenga ninguna consecuencia ni penal, ni judicial,
ni siquiera política, es una vergüenza y una atrocidad.
Que
en diferentes causas a diario se vaya demostrando, con pruebas y
declaraciones, que el partido gobernante ha creado una extensa red
de corrupción para favorecerse electoral y económicamente (personal
o conjuntamente como partido) sin ninguna consecuencia, ni siquiera política, es una atrocidad, es una vergüenza y
da una imagen de país inasumible por cualquier persona decente.
Que
el presidente
del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos
Lesmes,
ni
siquiera quiera
saber
que el partido, que le propuso, está metido en una trama de
corrupción colectiva tal y como han declarado en diferentes
ocasiones desde el banquillo de los acusados algunos de sus
colaboradores, así como varios fiscales a lo largo de las
innumerables investigaciones, es
un descrédito, una vergüenza y motivo evidente de por qué ya no
confiamos ni en los gobernates ni en el sistema judicial.
Es
mi humilde opinión que expreso “sin animus injuriandis”... (no
vaya a pasarme lo de Casandra).
